Por Noel Barrera Pinto
De acuerdo con las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 2000 y el 2050 la proporción de personas mayores de 60 años se duplicará. Esto significa que, para el 2050, la cantidad de adultos mayores en el mundo alcanzará un total de 2.000 millones. En el caso de Chile, no está exento de este fenómeno demográfico. Según un informe del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica (UC), se proyecta que para el 2050 habrá un poco más de 4,6 millones de personas mayores.
A medida que las ciudades chilenas envejecen, los desafíos se intensifican. En la ciudad de Los Ángeles, la baja tasa de natalidad registrada este año con apenas 1.830 nacimientos comparados con los 4.403 partos en 2014, refleja una realidad nacional y mundial: cada vez habrá menos jóvenes y más adultos mayores. Por lo mismo, expertos enfatizan la necesidad de repensar la ciudad y las condiciones que rodean el envejecimiento actualmente.
El cambio demográfico acelerado sumado a la tendencia de bajas tasas de nacimientos, coloca en la mira la importancia de la infraestructura y espacios públicos que fomenten el futuro de una vejez activa en los entornos urbanos. Esta perspectiva, abre el debate sobre el derecho a la ciudad, la planificación urbana, el trabajo integral de las instituciones y las políticas públicas, se tornan aún más desafiante, ya que el desarrollo económico y urbano ha estado por encima de las necesidades de este grupo cada vez más vulnerable.
El Desafío del Envejecimiento en Chile
De acuerdo con el informe “Adultos Mayores: un activo para Chile” del Centro de Políticas Públicas UC, en comunas como el Gran Santiago, el uso del transporte público abarca al 30,2% de este segmento de la población, mientras que el 31% de las personas mayores de 60 años vive en sectores con malos sistemas de transporte. Por otra parte, la Quinta Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez 2019 (UC-Caja Los Andes, 2019) indica que un 33% de las personas mayores de 80 años tiene una pérdida de autonomía en las decisiones importantes de su vida diaria, lo que subraya aún más la necesidad de un enfoque inclusivo en la planificación urbana de las ciudades.
Chile cuenta con una Política Integral de Envejecimiento Positivo desde el 2012. Para el año 2025 este programa plantea un desafío central que consiste en mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Impulsada bajo el mandato del expresidente Sebastián Piñera, esta política, encargada al Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) para su articulación, busca principalmente implementar el buen trato, el ejercicio de los derechos, la habitabilidad, la inclusión, superar la desigualdad, la vulnerabilidad, la exclusión y los prejuicios que existen frente a las personas mayores, entre otras necesidades.
A pesar de los esfuerzos y las políticas implementadas, la infraestructura urbana sigue siendo un desafío pendiente. La falta de accesibilidad y las dificultades en el desplazamiento diario subrayan la urgencia de una planificación urbana más inclusiva y adaptada a las necesidades de los adultos mayores.
Según los datos del Estudio Dependencia SENAMA, 2009, se expone que el 85% de las personas mayores en Chile declara poder salir y desplazarse fuera de sus viviendas sin ayuda. Sin embargo, cerca de la mitad de ellos declara presentar algún tipo de dificultad en el trayecto como el pavimento en mal estado, los obstáculos en las veredas, la subida y bajada de cunetas, o simplemente para cruzar la calle en sus ciudades.
En este sentido, el arquitecto y urbanista Genaro Cuadros de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano advierte: “Mientras en ciudades europeas se han implementado políticas de movilidad urbana inclusiva, Chile está aún lejos de ello. Hablar de una ciudad inclusiva se explica por la hegemonía del automóvil en la planificación urbana, donde la prioridad se da a la infraestructura vehicular sobre los espacios peatonales. En una ciudad inclusiva, especialmente en una que envejece, la prioridad debería cambiar, favoreciendo modos de transporte más ecológicos y accesibles, como caminar o andar en bicicleta.”
Para Cuadros, el rol de las instituciones públicas a nivel central es fundamental para pensar el futuro de las ciudades en un país cada vez más longevo. El arquitecto argumenta que una visión pública sobre el derecho a la ciudad, la participación ciudadana y ciudades más inclusivas permite repensar la infraestructura y los servicios urbanos, creando ciudades más accesibles y caminables que mejoren la calidad de vida de sus residentes.
Karin Ortiz, coordinadora de la oficina regional de SENAMA perteneciente a la región de O’Higgins, afirma: “Sabemos que la calidad de vida de las personas mayores tiene necesidades especiales propias de su edad y está relacionada con los espacios en los que viven, ya sea para garantizar una vida libre de violencia o para asegurar que los espacios sean amigables para su tránsito y desplazamiento. Sin embargo, nosotros no somos un organismo competente en infraestructura. Aunque podríamos avanzar en esa dirección y convertirnos en asesores desde nuestra experiencia con este grupo etario, actualmente no tenemos esa competencia”.
Una de las iniciativas que mejoran los espacios, es La Red Mundial de Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS. Este programa, incluido dentro de la política integral del envejecimiento 2012-2025, persigue en conjunto con SENAMA y las municipalidades realizar diagnósticos o mejoras en la infraestructura pública para la calidad de vida de los adultos mayores. Esta guía hace énfasis en que una ciudad amigable para las personas mayores no solo es inclusiva, sino que también facilita la independencia y seguridad de esta población mediante espacios públicos accesibles y adaptados.
En palabras de Ortiz, el proyecto “Ciudades Amigables con las Personas Mayores”, no se encuentra actualmente activo en las comunas de la región O’Higgins. Una de las dificultades que enfrenta este programa, es la falta de presupuesto a nivel central. Esta situación refleja una desconexión con las necesidades de la población mayor como también de las políticas urbanas vigentes, alejándose de los objetivos específicos planteados en la política que fomenta un envejecimiento positivo.
Con lo anterior, se suman las limitaciones que tienen las instituciones públicas para realizar un trabajo integral entre la oficina regional del SENAMA y los municipios. Así lo evidencia Ortiz: “Como somos un servicio centralizado, no tenemos la competencia para estar a la par con los municipios. Jugamos roles distintos y no buscamos competir o realizar un trabajo paralelo. Actualmente, existe un proyecto de ley que busca transformar la coordinación regional en una dirección regional. Esta ley, que lleva cerca de 10 años en el Congreso, permitiría que SENAMA crezca, convirtiéndose en una subsecretaría, lo que otorgaría más facultades, personal y recursos para atender mejor las necesidades de las personas mayores.”
La situación de Rancagua
En Rancagua, el contexto urbano refleja un panorama crítico que es transversal a muchas ciudades chilenas, la ausencia de infraestructura inclusiva evidencia los desafíos de las políticas públicas locales para adaptarse al envejecimiento de la población. Con un centro cada vez más deteriorado, estos factores ponen en duda si Rancagua es verdaderamente una ciudad amigable para sus habitantes, especialmente para los adultos mayores.
De acuerdo con el registro del Departamento del Adulto Mayor de la Municipalidad de Rancagua, en la comuna existen un total de 48.158 personas mayores de 60 años, de las cuales 27.806 son mujeres. De este total, 21.906 viven en hogares unipersonales, reflejando los desafíos frente a circunstancias de abandono, soledad o a la falta de una red de apoyo. Aunque estos datos no han sido corroborados por el último Censo 2024, las cifras siguen siendo alarmantes para una ciudad en constante crecimiento poblacional.
Para María Soledad Olea, asistente social de profesión y jefa del Departamento de Personas Mayores de la Municipalidad de Rancagua, destaca la necesidad de priorizar a los adultos mayores en las políticas públicas locales para construir una ciudad más inclusiva y preparada para hacer frente al cambio demográfico:
“La falta de accesibilidad en cuanto a locomoción y la conectividad es un gran problema en Rancagua. Siempre hay reclamos relacionados con la farmacia del hospital, que se encuentra muy alejada, y con la caja pagadora de pensiones, ubicada en un lugar inseguro. Adicionalmente, las frecuencias del transporte público no son adecuadas. Hay lugares en Rancagua donde el pasaje es muy caro para personas con pensiones bajas, y las viviendas sociales están cada vez más lejos, lo que incrementa los costos de transporte para quienes menos tienen, ya que deben tomar hasta dos locomociones para llegar a su hogar.”
Una de las adaptaciones en las que avanza el centro histórico de Rancagua tienen relación con la habilitación de rampas en el comercio, en palabras de Olea, otras dimensiones urbanas como la mantención de veredas en espacios públicos siguen al debe: “Hay un trabajo que hay que hacer de recuperación. Yo sé que la municipalidad ha tratado de visualizar y trabajar con las veredas, el tema es que hay un trabajo de SERVIU, hay proyectos que llevan 3 a 4 años de atraso. Después de la pandemia hubo un atraso del listado de proyecto, se nos atrasó todo”.
Ciudades poco amigables
En cuanto a la falta de presupuesto de iniciativas como Ciudades Amigables para Adultos Mayores de la OMS, las falencias más relevantes detectadas para María Soledad en la ciudad de Rancagua son las carencias en la infraestructura pública y transporte que afectan directamente a los adultos mayores:
“Nosotros estábamos en la etapa del diagnóstico y ahí quedamos. Yo entiendo que el proyecto avanzó con SENAMA, pero no va a tener el segundo avance, creo que a nivel nacional está detenido. A nosotros nos tocaba el diagnóstico y después del diagnóstico pasaba a la implementación, pero ahí quedamos en el diagnóstico. Aún estamos en el proceso del documento, porque lo enviamos, pero tuvimos algunas cosas que tenemos que complementar y en eso estamos.”
Con el crecimiento continuo de la población mayor en diferentes comunas, la pregunta no solo es si las ciudades están preparadas, también si las instituciones públicas locales y a nivel central, están dispuestos a trabajar con un enfoque interinstitucional o adaptar sus prioridades para garantizar que el derecho a la ciudad sea verdaderamente universal.
En este sentido, Olea también reconoce las limitaciones existentes para lograr un trabajo integral con otras instituciones: “Cuando SENAMA nos contacta para abordar proyectos y convocatorias, inmediatamente colaboramos en la implementación y supervisión de proyectos, pero sabemos que hay limitaciones debido a la falta de personal y recursos. SENAMA coordina a nivel regional, pero con 33 comunas, su capacidad es limitada.”
Las dificultades de desplazamiento y la carencia de espacios adaptados no solo afectan la calidad de vida de las personas mayores, sino que también retrasan el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Política Integral de Envejecimiento Positivo. Por lo mismo, Chile necesita un enfoque interinstitucional que articule esfuerzos entre los niveles central, regional y municipal. Reformas como la transformación de SENAMA en una subsecretaría podrían fortalecer su capacidad para liderar proyectos de infraestructura inclusiva. Al mismo tiempo, es necesario actualizar y fiscalizar los programas de vivienda social, garantizando que estas estén ubicadas cerca de servicios básicos y con acceso a transporte público eficiente.
La clave está en cambiar el paradigma: las ciudades no deben ser solo funcionales, sino también humanas. Como concluye Olea: “Garantizar el derecho a la ciudad para nuestros mayores es una deuda pendiente que no podemos seguir postergando”.
