Por Ana Díaz Alcayaga
Han pasado cuatro meses desde el masivo apagón provocado por el sistema frontal de agosto. Más de seis millones de personas enfrentaron cortes de suministro eléctrico, con un saldo trágico de tres electrodependientes fallecidos. Las empresas distribuidoras enfrentan sanciones millonarias y el Ministerio de Energía lidia con un cuestionado “fallido proceso” de inscripción al subsidio eléctrico.
La energía es fundamental para la vida diaria: ilumina hogares, conserva alimentos y asegura el funcionamiento de equipos esenciales para muchas personas. Sin embargo, el año 2024 destacó por su inestabilidad con prolongados cortes de electricidad que dejaron a miles de familias sin suministro por más de 72 horas en distintas regiones del país. Estas interrupciones no solo evidenciaron las debilidades estructurales del sistema eléctrico, sino también su impacto directo en la calidad de vida de la población.
“En Florida (Estados Unidos) se han quedado dos semanas sin luz, nadie se ha quejado”, sostuvo el gerente general de Enel Chile, Giuseppe Turchiarelli, quien comparó el corte de agosto en Chile con los ocurridos en el país norteamericano. Respecto a lo anterior, Turchiarelli advirtió que tales eventos “no se pueden gestionar”, y que en cambio solo se puede “suavizar el efecto”, argumentando que ni siquiera Estados Unidos ha podido impedir estos inconvenientes.
En respuesta, Andrés Herrera, director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), calificó estas declaraciones de “indolentes e inoportunas” y señaló que no ayudan en las negociaciones que buscan compensar a los afectados. Lo anterior, en el marco del Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC) con las empresas distribuidoras eléctricas.
Cabe destacar que el proceso de caducidad está en manos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC), quienes deben elaborar un informe técnico en colaboración con la Universidad de Santiago (Usach). Por su parte la superintendenta Marta Cabeza señaló que la resolución podría conocerse recién en 2025 debido a la falta de plazos legales.
En tanto, la SEC —según consignó La Tercera— rechazó la solicitud presentada por Enel, que atribuyó la masiva y prolongada interrupción del servicio registrada a un “estado anormal agravado” provocado a raíz de los eventos meteorológicos.
En su resolución, el organismo fiscalizador indicó que la empresa eléctrica no aportó antecedentes suficientes relacionados con la destrucción y reemplazo de subestaciones en 21 de las 33 comunas, donde la distribuidora tiene concesiones en la Región Metropolitana (ver gráfico 1).
De esta manera, la SEC concluyó que la interpretación normativa de Enel “fue incorrecta” y que en su petición la normativa sólo se enfocó en la capacidad total de “transformadores indisponibles”.
Por su lado, Enel Distribución optó por implementar anticipadamente el recambio de medidores análogos por digitales a clientes electrodependientes como “una acción preventiva ante posibles emergencias”. La renovación progresiva ocurre antes de los plazos establecidos en la Norma Técnica de Calidad de Servicios de Distribución que establece la obligatoriedad de esta medida a partir del 2026.
Impacto del apagón de agosto
El sistema frontal de agosto sorprendió con vientos de hasta 124 km/h en la Región Metropolitana según indicó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Más de seis millones de personas quedaron sin suministro eléctrico, es decir, más de 100 veces el Estadio Nacional en su máxima capacidad. El ministro de Energía, Diego Pardow, comparó la magnitud del apagón con el terremoto del 2010.
Ámbar Rojas (20) describió que el escenario luego de los vientos “fue catastrófico”: árboles caídos junto a postes, corte de agua y de luz, además de la pérdida completa de comida refrigerada. La estudiante de obstetricia en la Universidad Mayor fue una de las 12.883 personas que permaneció una semana sin suministro eléctrico en la comuna de Quilicura. Rojas aseguró que las respuestas que entregó Enel por los tiempos para la reposición del servicio sólo acrecentaron la incertidumbre.
Asimismo, la universitaria confesó que su hermano Bruno (15) tiene el síndrome Lennox- Gastaut, un tipo de epilepsia muy poco común, por lo que es 100% dependiente de cuidado. Por consiguiente, la falta de energía le trajo una descompensación emocional al adolescente. “Como no sabe expresar lo que siente su aburrimiento, su malestar lo expresa mucho con enojo (…) Era frustrante para nosotros porque era una situación que no podíamos manejar, y también entendíamos que él estaba aburrido, pero no podíamos hacer nada para entretenerlo”.
Ante los incumplimientos en la reposición del servicio a 20 mil clientes dentro del plazo de 24 horas, el presidente Gabriel Boric presentó un oficio contra las compañías eléctricas. Posteriormente, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció un proceso de caducidad contra las distribuidoras.
Cabe señalar que el proceso de caducidad está en una segunda etapa, según lo indicado por el secretario de Estado quien adelantó que “ya revelan incumplimientos administrativos de la mayor gravedad”. Esto, mientras que el CEO de Enel aseguró que según “abogados de la empresa y externos que fueron consultados”, este no se ha iniciado y que partirá recién cuando el presidente Boric emita un decreto al respecto.
Responsabilidades compartidas entre el Estado y las empresas
De acuerdo a las responsabilidades por la crisis, el director ejecutivo de Centro Contribuye, Felipe Salce, en una columna de Ciper declaró que “si bien la responsabilidad en la gestión de los servicios eléctricos recae en tres entes distintos —las empresas de distribución eléctrica, el Estado y las municipalidades—, cada uno tiene distintos grados de responsabilidad en la crisis de estos días”. Sobre el Estado como entidad regulatoria, el experto apuntó a que “no ha ejercido una fiscalización suficientemente rigurosa para asegurar que estas empresas cumplan con sus obligaciones”.
A su vez, el director regional metropolitano del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Miguel Muñoz, expresó “es responsabilidad de la empresa encargada del suministro y de los municipios evaluar el riesgo de la caída de árboles”.
En esa línea, el ingeniero civil en electricidad y académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, argumentó en Tele13 Radio que es “el arbolado urbano es el que está generando el problema” y que la red eléctrica chilena es tan antigua “que sigue siendo una caja negra, por eso la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es super enfática en que cuando un usuario esté sin electricidad tiene que reportarlo para tener una fuente de información paralela a la que entrega la empresa distribuidora”.
Jocksan Zúñiga (23), estudiante en sonido en el instituto profesional AIEP, sostuvo que en Puente Alto “hubo muchos postes caídos, mucho árbol caído”. A lo anterior, añadió que durante esa semana de corte eléctrico el taller de bordado industrial que maneja junto a su mamá tuvo una “pérdida total”, siendo esta pyme el sustento económico de su familia. Consultado por sus impresiones finales luego del corte, el puentealtino fue claro con demostrar su enojo por el alza a las tarifas donde aseveró “no les cuesta nada cobrar, pero al momento de solucionar no pasa mucho”.
¿Terminar con las concesiones es la solución?
Ante las posibilidades de romper con las concesiones con Enel, CGE y Chilquinta, el Ingeniero Civil Mecánico y director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, explicó que el segmento de la distribución eléctrica “está privatizada en Chile”, un antecedente que puntualizó no hay que perder de vista.
En ese sentido, Piedra quien ha sido un crítico del Gobierno en políticas vinculadas a la energía, sostuvo que para evitar otro episodio que dejó a miles de clientes sin luz es necesario que el Estado actúe activamente en las inversiones de las compañías.
Por otro lado, la exsecretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía, María Isabel González, en Tele13 Radio, al ser consultada por un eventual avance del proceso para revocar la concesión de las distribuidoras, afirmó que “es una vía compleja. Yo creo que es mucho más eficiente aumentar el monto de las multas, que ya son altas, pero la idea es que las empresas cumplan con la calidad de servicio en lugar de pagar multas y compensaciones. Ese debiera ser el objetivo de la regulación y de la fijación de tarifas”.
A su vez, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, una semana tras los cortes se refirió al actuar de Enel en la crisis que afectó a miles de hogares, y se cuestionó “¿son las multas suficientes? ¿son suficientemente altas? Porque si es más barato pagar la multa que hacer la inversión, sistemáticamente las empresas van a pagar la multa”.
El subsidio eléctrico: un proyecto en debate
Mientras las empresas enfrentan sanciones y procesos administrativos, al Gobierno se le suma el fallido proceso de inscripción al proyecto de ampliación del subsidio eléctrico. Iniciativa que esperaba beneficiar a 4,7 millones de personas, pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. Lo anterior, con el propósito de mitigar el descongelamiento de las tarifas eléctricas que se remontan a fines de 2019, tras el estallido social y que luego se mantuvo en la pandemia. Esto generó una deuda con las empresas generadoras de unos USD $ 6 mil millones.
Sin embargo, con un total de 1.920.379 no se llegó ni a la mitad de lo esperado, pese a que el alza en las cuentas de la luz está provocando gran descontento en la ciudadanía, con un incremento que llegará, en promedio, al 57% en las tarifas reguladas para los hogares durante los próximos 12 meses.
Ante la baja inscripción, el ministro Pardow reconoció que “es difícil llegar a los sectores más vulnerables de nuestra población. Hablan precisamente de esa dificultad el número de postulaciones, efectivamente muestra que es muy difícil llegar a esas personas”.
Realizamos un sondeo con 13 personas para evaluar su conocimiento sobre el subsidio eléctrico. Los resultados sorprendieron: la mayoría desconocía el beneficio o tenía dudas sobre su significado. De todas las personas consultadas, solo dos habían postulado. Esto ocurrió a pesar de que el Ministerio de Energía afirmó haber llevado a cabo actividades públicas durante el segundo proceso de postulación para acercar el proyecto a la ciudadanía.
Respecto a la nómina de beneficiario, esta será publicada el 2 de enero del 2025 y los postulantes que cumplan con los requisitos recibirán el descuento mensual correspondiente al primer semestre del 2025. El monto de las familias beneficiadas dependerá del número de integrantes por hogar.
La mirada hacia los Pequeños Medios de Generación Distribuida
Otro aspecto que generó críticas de los expertos es la llamada “autocontención”, que, según el académico de la Universidad de Santiago, Humberto Verdejo, está enfocada en una resolución del problema por parte de los usuarios, en vez de que el Estado “se haga cargo”.
Verdejo alertó que si el Gobierno pretende cambiar “las reglas del juego” esto impactará tanto en “la seguridad y en la incertidumbre que el inversionista puede tener de aquí en adelante. Esto toma particular relevancia en el sentido que toda la infraestructura eléctrica que se ha construido en el país es producto de la colaboración pública o privada”.
Respecto a otras medidas que el Ejecutivo pudo haber optado, Verdejo señaló que “el alza de tarifa va a generar un IVA adicional de recaudación que no estaba proyectado. En el fondo, ni el Banco Central, ni el Ministerio de Hacienda pueden argumentar de que estos recursos ya están comprometidos para el presupuesto del próximo año. Entonces, hay un IVA extraordinario que va a recaudar casi 900 millones de dólares de aquí hasta el primer semestre del 2025, y que con eso se puede financiar la política completa de subsidio por los próximos tres años”.
Pobreza energética: un problema estructural
La crisis energética en Chile ha puesto en evidencia la pobreza energética, una problemática que trasciende el suministro eléctrico y abarca también el acceso a servicios básicos como calefacción y agua caliente. Javier Piedra destacó que este fenómeno afecta de manera directa la calidad de vida, especialmente en los sectores más vulnerables.
En este contexto, Piedra señaló que una de las prioridades debe ser abordar las tarifas eléctricas, que representan un impacto significativo para las familias. “Aunque no es la mayor necesidad, porque aún hay personas sin acceso a calefacción, la sensibilidad más inmediata está en el costo de la electricidad”.
Por su parte, el académico Humberto Verdejo advirtió sobre la fragilidad de la red eléctrica y el marco regulatorio actual. Cabe preguntarse, ¿ante un eventual sistema frontal las afectaciones seguirán siendo las mismas?
Foto central por Sebastián Rivas.
