Por Miguel Ángel Campos y Michael Barboza
04 de diciembre de 2024
Mientras crece la población migrante y se discuten nuevas restricciones de la Ley Migratoria, surgen dudas sobre la capacidad del sistema de salud para atender al más de millón y medio de usuarios extranjeros
Entrada al Cesfam de la comuna de San Joaquín (Fuente: Red de salud familiar San Joaquín saludable)
El pasado 29 de octubre la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados finalizó la discusión del proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería y otras normativas relacionadas con temas migratorios que, entre otras atribuciones, incluye nuevos delitos que facilitarán la expulsión del país como, por ejemplo, la violencia intrafamiliar.
Estos cambios legales generan incertidumbre en el más de millón y medio de migrantes frente a los nuevos requisitos de la futura normativa por la integración y el acceso a los servicios de salud, tensionando aún más el debate y la opinión pública entre los que están por exigir un mayor control migratorio y quienes optan por integrar a los migrantes. Estas políticas refuerzan ciertas percepciones negativas hacia los migrantes en el uso de servicios como la salud, y pueden intensificar dinámicas de discriminación y exclusión que afectan su acceso a una atención oportuna.
Cifras reveladas en el “Informe Casen y migración: avance y brechas en el acceso a la salud de la población migrante residente en Chile”, publicado el año 2022 por la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), señalan que el porcentaje de extranjeros sin ningún tipo de previsión en salud es de un 11%, cifra que casi triplica al de chilenos sin previsión y que solo llega a un 4%, lo cual demuestra una mayor vulnerabilidad en esta parte de la población.
Cuando escuchamos algunas frases tan razonables como: “¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué debo esperar más que ellos? Refiriéndose a los migrantes en la sala de espera de los centros de salud, lo que la mayoría de los ciudadanos chilenos desconoce es que el país está suscrito a varios tratados internacionales que priorizan la situación de vulnerabilidad de los migrantes por sobre los nacionales.
“¿Se convierte el Estado en responsable del racismo y la xenofobia? “
Para fortalecer y regular, en alguna medida, la masiva llegada de extranjeros, el 06 de julio del 2023, a través del decreto 181, se promulga la Política Nacional de Migración y Extranjería, lo que es considerado por el gobierno del presidente Gabriel Boric como “un hito para el país”, pero estas políticas que son necesarias y una gran noticia, no lo son para la mayoría de los nacionales que reciben atención primaria, puesto que se perciben como un establecimiento permanente y legalizado de los inmigrantes y que afectarían su calidad de vida respecto de la atención en salud.
Dentro de los 10 ejes que establece la PNME, uno de ellos es la Reunificación Familiar que se enmarca en el derecho internacional de los Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario, donde se señala que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado”. Este solo eje implica que el Estado debe procurar la reunificación de madres, padres e hijos, lo que a su vez tendrá su impacto en los servicios de salud que ya recibe al migrante que se encuentra en el país y que espera con ansias el reencuentro con su grupo familiar.
Con estas medidas, más allá de la urgente necesidad de regular y controlar el ingreso al país con un mejor acceso a la salud, es pertinente preguntarse: ¿Se convierte el Estado en responsable del racismo y la xenofobia?
Un caso en Twitter y algunas percepciones
No es una novedad que las redes sociales se han convertido en parte esencial de la vida cotidiana y que es un espacio donde se comparten momentos, pero también nuestros pensamientos y emociones, es decir, las personas muestran cómo se sienten, qué piensan y qué les preocupa. Respecto de ciertos temas, se expresan individualmente, pero crean un sentimiento colectivo que da, o puede dar, impresiones cargadas de emocionalidad sin limitaciones.
En el año 2022 se publicó un artículo en la plataforma digital Science Direct que se tituló: “Percepción de los derechos de salud para la población migrante en Chile: análisis desde Twitter”. El objetivo de dicho estudio era obtener descripciones respecto de los derechos de salud para la población migrante. A través de Twitter, hoy X, los usuarios se expresarían sobre el primer caso de trasplante hepático realizado en el país a una mujer de nacionalidad haitiana. Esta red social es conocida por no censurar el contenido subido por los usuarios, ya sean estos videos, imágenes o comentarios.
En las publicaciones no se revelaban los nombres de los responsables de los comentarios emitidos, solo se indicó el género, cuantos “me gusta” y cuántas veces fue compartido el comentario. Luego de la publicación del trasplante en el año 2018 y considerar un período de obtención de datos desde el 29 de septiembre hasta el 17 de noviembre del mismo año, se obtuvo 339 tuits. Algunos de los tuits publicados son los siguientes:
«En contra de la invasión haitiana y descontrolada en general, ¡sí! Haití lleva 4 décadas exportando pobreza y le va bien haciéndolo, no se hacen responsable de su gente, además no se adaptan a donde van, por algo ya no los dejan entrar y expulsan de + de seis países».
«La haitiana del trasplante no tenía visa permanente y llegó el 2016. Para los extranjeros hay salud de calidad son prioridad nacional. Uds. están matando a los de las listas de espera para darles los órganos a los extranjeros».
«El tema no es ciudadanos de primera o segunda, se trata de la invasión haitiana, la cual colapsa los centros de salud, transporte y laboral, han traicionado a los obreros chilenos, asesoras de hogar, en general la clase esforzada q ya no encuentra trabajo o espera el doble en urgencias».
Según el artículo, para los chilenos la migración implicaría una carga para los servicios de salud, lo que podría desencadenar una crisis financiera o un colapso de varios sistemas, no solo en el sector de salud.
«La haitiana del trasplante no tenía visa permanente y llegó el 2016. Para los extranjeros hay salud de calidad y son prioridad nacional…»
El estudio de este artículo toma otras aristas del problema de la atención a migrantes, pero todas ellas apuntan a la percepción de los nacionales. Las conclusiones señalan que, los chilenos consideran que el derecho de acceso a la salud por parte de los inmigrantes debería ser limitado para otorgar prioridad a los nacionales. Así mismo, subrayan que surgen sentimientos de discriminación y racismo hacia el grupo migrante.
En Chile, existen diversas opiniones sobre cómo deberían otorgarse los derechos de acceso a servicios de salud para personas inmigrantes. Esta situación no solo puede intensificar la estigmatización que enfrentan estos grupos, sino que también podría convertirse en un obstáculo para la aplicación de políticas, profundizando aún más las desigualdades en el ámbito de la salud.
¿El derecho a la salud es un derecho humano?
Las personas se preguntan si la salud debe ser igual para todos. La respuesta sería sencilla si los niveles de migración que recibe un país son bajos y, por lo tanto, controlables, pero la respuesta se complejiza cuando la ola migratoria aumenta de manera importante dentro de un periodo tan corto de tiempo, obligando a los centros de salud a recibir más usuarios de lo habitual y donde las políticas públicas se ven sorprendidas sin poder tomar medidas inmediatas producto de la burocracia interna y legislativa que ralentiza aún más su aplicabilidad.
Respecto del derecho al acceso a la salud, Sergio Gajardo Ocampo, kinesiólogo y exjefe de la Unidad de Centro Comunitario de Rehabilitación (CCR) de la comuna de Independencia y exdirector de CESFAM, comenta sobre las complejidades en la atención a migrantes y sobre los derechos a la salud.
En relación con su experiencia, cuando fue jefe del CCR de Independencia, ¿qué complejidad comenzó a percibir y vivenciar respecto de la atención a migrantes?
A partir del año 2008 que empezó en Independencia el fenómeno de la aparición de grupos de migrantes, en un inicio eran migrantes peruanos y ecuatorianos, eso fue dentro de los primeros cuatro años hasta el 2012. Durante esa época la principal dificultad era con un grupo específico de usuarios de nacionalidad peruana, que tenían algunos problemas para comprender instrucciones en relación con sus tratamientos y eso dificultaba el éxito de las intervenciones que teníamos con ellos. Luego, empezó la aparición de pacientes de nacionalidad haitiana y algunos colombianos. En particular, en este período del 2014 hasta cerca del 2018, las medidas que se tomaron para poder entendernos con los pacientes haitianos, que no hablaban español, era las barreras idiomáticas, entonces la Dirección de Salud destinó recursos para contratar intérpretes, la mayoría de ellos eran haitianos que hablaban español, para poder tener comunicación con ellos.
Poco a poco, tanto los peruanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos fueron ocupando un porcentaje más alto de la agenda y eso provocaba roces con los chilenos, pero no era tan drástico como lo que ocurre después con la llegada de una gran masa de venezolanos al centro de salud. Esta empieza a llegar previo a la pandemia, los venezolanos ocupan una gran cantidad de horas disponibles para los usuarios, porque son una gran cantidad de usuarios inscritos y eso genera el problema en nuestros centros de salud, no solamente por la cantidad de personas chilenas que están viviendo, sino por la gran cantidad de migrantes que están llegando a esta comuna que entienden que la atención de salud es un derecho.
¿Cuáles son los problemas específicos que tiene la comunidad venezolana?
En este caso, son los migrantes nuevos que tenemos y que son muchos, porque tienen un nivel de expectativa muy alto en relación a los servicios que se les pueden entregar y exigen mucho más que el resto de la población, entonces, hay ciertos roces, o han habido ciertos roces con funcionarios por temas de horas de atención, porque cuando ya no quedan horas disponibles, ellos al entender que es un derecho lo exigen, se enojan, y algunas veces de esto pasa a enfrentamiento físico, a insultos verbales, ¿esto pasaba antes? Sí, pero en menor medida, ahora eso se ha visto exacerbado. Aunque suene extraño, ese es el principal problema; entender la salud como un derecho.
¿Considera que las políticas públicas de salud en Chile son adecuadas para atender las necesidades específicas de la población migrante?
Los migrantes se han visto muy beneficiados de las políticas públicas que se han ejecutado en Chile desde la década de los 80 en adelante, sin embargo, si vemos el fenómeno de la migración como el aumento masivo de número de pacientes atendidos por consultorio, la gestión estratégica del MINSAL no ha solucionado problemas que tienen que ver con la salud mental de los funcionarios que están bajo estrés por la alta demanda de servicios de salud que nos da esta nueva realidad.
Por otra parte, uno puede ver las falencias de las gestiones de salud, por ejemplo, en la proyección de cómo ha ido aumentando la población en comunas como Independencia, Recoleta y Santiago, donde uno ve que la tasa de personas inscritas en los consultorios ha ido creciendo muy drásticamente en los últimos cinco años, y no se ha propuesto el aumento en la cantidad de centros de salud para dar cobertura a población, migrante o nacional. Entonces yo creo que el fallo de la salud pública va más allá de una estrategia específica para la necesidad de una población migrante, que las tienen, por cierto, sino que va más allá, va hacia una gestión estratégica en cuanto a dar cobertura a la cantidad de población que se ha ido agregando al sistema de salud.
Escucha la entrevista completa aquí:
Cuidar bajo riesgo: la creciente violencia contra el personal de salud
Chile ha visto con preocupación cómo crecen los episodios de violencia contra las trabajadoras y trabajadores de la salud. En centros de atención primaria de salud y hospitales, médicos, enfermeras y personal han enfrentado desde agresiones verbales hasta ataques físicos, incluso, situaciones aún más graves como ataques con armas de fuego.
En cifras publicadas el 28 de octubre por la página web de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal CONFUSAM, las agresiones a nivel nacional pasaron de 18 en el año 2018, a más de 9.000 el año 2023, es decir, un aumento exponencial de los actos y denuncias de violencia hacia los funcionarios de la salud.
Esta situación ha generado gran preocupación en la sociedad que se ve reflejada en la cobertura que los medios de comunicación han realizado de los diversos hechos de violencia acontecidos en los últimos meses, siendo el de mayor gravedad el registrado en el Cesfam Raúl Silva Henríquez de la comuna de Puente alto el pasado mes de septiembre, donde sujetos llegaron al lugar portando ametralladoras y amenzando al personal que atendía a víctimas de una balacera anteriormente ocurrida en el sector de Bajos de Mena.
Fuente: Chilevisión
Estos hechos vuelven a poner en primera línea la situación de vulnerabilidad de los trabajadores de la salud, así como también de los usuarios. A raíz de lo anterior, se ha generado una discusión sobre las causas detrás de estos incidentes. Una simple revisión de los comentarios que los lectores dejan en noticias relacionadas con estos hechos de violencia permite captar el sentir de una parte de la opinión pública. Expresiones como: “chilenos postergados, preferencia a inmigrantes ilegales“, “costo cero“, “crisis en aumento“, “no hay Estado que aguante”, o “No se atiende a extranjeros, debería decir en la puerta de cada Cesfam”.
Una mirada necesaria: María Isabel de Ferrari
María Isabel de Ferrari, actual decana de la Facultad de Salud y Buen Vivir de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, no se pierde cuando de derechos humanos se trata. Los años de ejercicio en el servicio público, como enfermera y académica la respaldan y refuerza sus reflexiones y críticas al sistema de salud que busca, por diversos medios, solucionar la compleja tarea de entregar calidad, igualdad y acceso a la salud.
Fotografía: Michael Barboza, 2024
En el marco de la salud pública, la salud primaria y las olas migratorias que ha tenido en los últimos años el país, ¿cuáles considera que son los principales desafíos que enfrenta la atención primaria de salud en términos de cobertura y acceso?
¿Cuál es el gran problema que tenemos? Es que aun cuando hoy la población que se atiende en los CESFAM es la población Fonasa, es decir, el 85% de la población, toda la población que no es Fonasa no está inscrita en los CESFAM y, por lo tanto, no tiene la política de atención primaria que sí tiene el resto del país. Hoy, el Ministerio de Salud y el programa de gobierno del presidente Boric está hablando de partir con una reforma de salud donde la atención primaria sea universal, o sea, no es solo para la población inscrita en Fonasa, sino, para toda la población porque es la única manera de que tú tengas un plan de salud protector, preventivo y promocional que abarque al territorio completo.
¿Qué opina sobre las críticas que pueden recibir migrantes al estar desplazando a los ciudadanos chilenos del acceso a los sistemas de salud que ya están saturados?
Esa crítica, y está muy relacionada, a mi juicio, con el ideario inconsciente de un modelo individual, de un modelo “yo me rasco con mis propias uñas” y qué me importa el otro. A mi juicio una sociedad no se logra sostener en una lógica de esa relación. Yo creo que, francamente, esa crítica hay que interpelarla en que ni aún la persona más autosuficiente vive sola, ni puede vivir sola, ni puede respirar un aire sino un aire sano.
Hemos perdido como sociedad muchísimo, el tema del bien común y de lo común y cómo lo común es lo único que te constituye socialmente, entonces uno entiende esa crítica de alguien que nunca ha podido ir al médico y que encuentra que el otro sí tiene acceso porque está viviéndolo desde las precariedades. Es parecido a cuando en la constitución te decían “te van a quitar la casa” porque estamos hablando que es importante que sea un bien común. Yo creo que hay que romper esa lógica entregando otra lógica, y esa otra lógica es que ninguna persona de ninguna parte del mundo puede autosostenerse por sí misma, que es el error e ideario que fracasa en la sociedad.
“Yo creo que hay que romper esa lógica entregando otra lógica, y esa otra lógica es que ninguna persona de ninguna parte del mundo puede autosostenerse por sí misma, que es el error e ideario que fracasa en la sociedad”.
Escucha la entrevista completa aquí:
Mediadores interculturales en salud: ¿Solución parcial al desafío migratorio en Chile?
Según la última Encuesta CEP 90, realizada el año 2023 por el Centro de Estudios Públicos, un 74% de los encuestados tienen una percepción negativa de la inmigración llegada al país en los últimos cinco años, sumado a que un 70% relaciona el aumento de la criminalidad en el país a la llegada de inmigrantes. Ante estas cifras de percepción, es posible hacerse una idea del impacto poco favorable o rechazo que genera en la opinión pública la ola migratoria ocurrida en los últimos años.
Esta situación ha permeado a diferentes áreas de la sociedad, lo que ha generado también tensiones en al área de la salud, haciendo que la experiencia de los migrantes en el sistema chileno esté marcada, en algunas ocasiones, por malentendidos surgidos por el desconocimiento de cómo funciona el sistema. Para muchos migrantes los tiempos de espera y procedimientos de atención son distintos a los de sus países de origen, lo que hace que se alimente la sensación de discriminación al interpretar que esa espera es por rechazo o por xenofobia.
“Ellos se enojan mucho, yo he visto que se sienten a veces como discriminados porque no los atienden rápido, pero como la atención es para todos igual, entonces a veces sienten que tienen como mayor prioridad. Les cuesta comprender las políticas de los centros de urgencia”, comenta Yovelli Castillo, técnico en enfermería de la Urgencia Pediátrica del Hospital Sotero del Río. Desde su experiencia, la poca familiaridad con el sistema chileno de salud es fuente de confusión y descontento para la población migrante.
¿Qué dice la política pública al respecto? Recientemente fue actualizada la Política Nacional de Migración y Extranjería (año 2023), de la cual se extrae uno de sus ejes temáticos: “Integración e inclusión social”, específicamente en los temas de salud plantea cuatro objetivos específicos: 1) Propiciar las condiciones y estrategias para reducir las desigualdades en el ejercicio del derecho a la salud, considerando sus particularidades culturales y lingüísticas; 2) Fortalecer el acceso a la atención de salud de personas migrantes sin discriminación y en igualdad de condiciones; 3) Conformar equipos de salud interculturales, incorporando mediadores/as interculturales y 4) Promover estrategias para el acceso y atención de salud con pertinencia cultural bajo el enfoque de derechos humanos.
La figura planteada en el objetivo número tres, sobre el mediador intercultural es real, se han comenzado a incorporar traductores en hospitales y centros de salud para mejorar la atención de la población migrante. Esta medida efectivamente busca facilitar la comunicación y asegurar que los pacientes reciban una atención adecuada y sin barreras lingüísticas. Sin embargo, en la práctica, la implementación es aún insuficiente para enfrentar las necesidades y las complejidades permanentes que se viven en los centros de atención de salud y en los hospitales.
“Tenemos un traductor, pero es un traductor para todo el complejo, tanto para adultos y pediatría, no está 24 horas presente en la urgencia”, expresa Yovelli Castillo desde su experiencia en urgencia pediátrica. Cabe preguntarse si esta limitación constituye una barrera de acceso que compromete la atención de los migrantes. Consideremos, por ejemplo, a pacientes cuyo idioma no es comprendido por el personal de salud. En situaciones de emergencia, donde una comunicación rápida y efectiva resulta crucial para evitar riesgos graves, este factor podría ser determinante, marcando la diferencia entre la vida y la muerte.
Las personas no son ratones
Un experimento se llevó a cabo a fines de los 60, su nombre: “Universo 25”. Motivado por el temor a la sobrepoblación global, un científico llamado John B. Calhoun realizó estudios que exploraban el comportamiento humano en condiciones de hacinamiento extremo.
“Finalmente, son las personas, independiente de su país de origen, las que deben asumir las determinaciones de una política que olvida que se trata de personas y no de ratones.”
En una instalación de 7,3 metros cuadrados, Calhoun creó un mundo ideal para ratones con comida, agua, nidos para todos, con temperatura regulada y con la ausencia absoluta de depredadores que pudieran causar muertes. El experimento se inició con cuatro parejas de ratones y todo funcionó con normalidad. Al poco tiempo la población de roedores creció rápidamente, duplicándose y triplicándose, alcanzando una población de 620 ratones. En este punto, varios problemas comenzaron a surgir: uno de ellos fue la apatía entre los de su misma clase, y otro hecho que se observó, fue que entre los líderes de cada grupo se manifestó una agresividad extrema llegando, incluso, al canibalismo.
Este es un breve resumen que el experimento reveló y que buscaba un paralelismo con la sociedad humana. Posteriormente, también fue criticado aduciendo que “los hombres no son ratones”, pero sí nos plantea reflexiones sobre el progreso y el bienestar para construir una sociedad más sana.
La saturación de los sistemas de salud parece ser un tema relegado en el diseño de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad y el acceso a la atención primaria de salud, tanto para los ciudadanos nacionales como para la población migrante. Al final, son las personas, independiente de su país de origen, quienes deben enfrentar las consecuencias de políticas que olvidan que se trata de seres humanos y no de un experimento donde las personas se transforman en roedores tratando de sobrevivir para conseguir que una mano caritativa los sane de alguna enfermedad.
